Del Petro-chantaje a la paralización del transpote público.

«La ciudad democrática es una conquista permanente, un campo abierto de confrontación de valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la movilización cívica».

-Jordi Borja en Revolución Ciudadana y Derechos Ciudadanos.

[Comentario sobre la paralización del transporte público por la deuda de la Autoridad de Carreteras en Puerto Rico. Escrito desde Barcelona]

Responder al cierre, temporal o no, de un transporte público es un atentado contra los derechos ciudadanos. Se trata del cierre del Tren Urbano junto con la Autoridad Metropolitana de Autobuses porque la Legislatura no aprobó el impuesto al barril del petróleo con el cual el Ejecutivo esperaba costear la operación de la endeudada Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Debemos hacerle una alteración al típico reloj que utilizamos cotidianamente donde vemos los asuntos a corto plazo. Este atentado de paralización dice mucho más de lo que se puede leer a simple vista en los diversos periódicos y son líneas discursivas que saldrán a flote en cuestión de tiempo. Por ejemplo, el tema de la suspención de los servicios de transporte nos deja una imagen bastante clara de la manera en que el gobierno ve a los ciudadanos y ciudadanas que utilizan el transporte público y lo que es peor, quizá es el mismo lente que utilizan para la elaboración de la fórmula de gestión y austeridad aplicada a otros temas como los de educación, sanidad y urbanos en general.

Aquí, lo que presentaré como crítica no se basa en el cómo ni el dónde de la búsqueda del dinero para la deuda de la Autoridad de Carreteras. No me baso en ello porque, depués de todo, el tema de la deuda es una constante a la que terminamos enfrentándonos muy a grosso modo y que pretenemos subsanar o remediar con el voto democrático que lejos de aspirar a unas alteraciones radicales que nos lleven a una mejor calidad de vida y una mejora en la elaboración y gestión de política pública terminamos decidiendo y apostando por decisiones vacuas que radican en lo inmóvil y repetitivo del repertorio partidista.

La Autoridad de Carreteras tiene una deuda de 2.200 millones de dólares. Deuda que se pagará/subsanará/remediará/ o mejor dicho, con la que se amenazará mediante la «estrategia de paralización» a todo un sistema de transporte público. No podemos olvidar los últimos meses donde una serie de políticas públicas y gestiones de las agencias a cargo del transporte público han enfocado sus esfuerzos en reducciones de horarios y aumento de tarifas del transporte. Esto es sencillo, se gestiona la vida cotidiana de los ciudadanos desde una premisa equivocada, no todos los ciudadanos tienen vehículo de motor, no todos quieren tener uno y es una insolencia que la generación del perfil ciudadano para el que se «hace política pública» sea tan erróneo y vaya tan al contrario de la realidad social, económica y urbana que tiene el país. La medida de suspensión del transporte público es un chantaje inmaduro de un gobierno que deja mucho que desear en la interpretación y gestión de un ciudad democrática.

Estamos hablando de un impuesto que representa una elevación del precio del barril del petróleo de  $9.25 a $15.50 en un país donde la grandísima mayoría de los movimientos y traslados urbanos se dan a través del automóvil. Esto toma de escenario un país donde la política pública se desentiende de cualquier gestión que trabaje seriamente el tema del cambio climático, donde el «American Dream» del suburbio ha sido el emperador durante los pasados 50 años. Puerto Rico necesita que desde la política pública se haga un análisis profundo del legado urbano, concepto que utilizo por decirle de algún modo a los trabajos intelectuales que han tenido efectos concretos y materializados en el espacio público y los servicios que en él se ofrecen. Es un legado que ha dejado mucho por desear y muchísimo más por hacer, pero las excusas por falta de orientación, de tecnologías o de deficiencias presupuestarias se acabaron. Y digo que se han acabado porque no solo tenemos de referentes grandes ciudades europeas y norteamericanas que han desarrollado sistemas de transporte público eficientes, con redes de apoyo que van desde bicicletas públicas hasta el «carpooling», sino que a nuestros costados hay pequeñas ciudades latinoamericanas y caribeñas apostando por una red de transporte público que, cada vez más, vaya sacando el auto de las ciudades y que sea una alternativa opcional para todos los ciudadanos.

Este tema puede pasar muy desapercibido inmediatamente por muchos y muchas, pero sucede que trasciende las horas o los días que vaya a estar inoperante el transporte público, se trata de una cuestión tan básica como el acceso a la ciudad, al moverse en ella libremente y cumplir con las necesidades de transporte muy particulares y diversas como empleo, escuela, universidad, citas médicas, recreación, etc. ¿Será que este gobierno nos está condenando a quedarnos en la casa y no cumplir con nuestras rutinas cotidianas? ¿Será que se está penalizando a quienes nada de culpa tienen sobre la millonaria deuda? Esta respuesta de Ejecutivo es una afirmación a muchos discursos que comenzaron solapados y de los que comenzamos a ver patrones de acción que debemos cuestionar y discutir en todos los foros posibles. Son estos políticos los que tienen la responsabilidad de responder éticamente a las necesidades de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas a las que sirven. Estas respuestas no se acercan en lo más mínimo a la eliminación, mediante decisiones tajantes, de un derecho ciudadano tan fundamental como la accesibilidad a la ciudad y sus oportunidades mediante el transporte público. Las respuestas deben aportar y sumar cada vez más aquellos derechos que, por convicción, los ciudadanos han exigido o conquistado en las diversas acciones y protestas públicas.

En esta decisión de paralización se leen discursos que marginan físicamente a una clase trabajadora y a todos los ciudadanos que, por elección o necesidad, utilizan como única herramienta de traslado el transporte público. La miseria del servicio y espacio público responde a una ideología que pretende marginar a algunos y guardar sigilosamente la calidad de vida urbana para un grupo muy selecto que tiene un talento sorprendente para la reducción numérica. Es una decisión que prioriza las dinámicas privadas de transporte y de uso del suelo mientras rechaza, por vagancia o maldad, la posibilidad de que el sistema de transporte público de Puerto Rico funcione óptimamente y sea utilizado por preferencia más que por necesidad. El transporte público, acompañado de muchos otros servicios, contribuye al nacimiento (en el caso de inexistencia) y crecimiento de lo que podría ser la justicia social desde la gestión pública a raíz de la creación de las condiciones que permitan la integración ciudadana y el acceso a los recursos. Resulta verdaderamente desesperante que sea uno de los elementos constantemente atacados por el gobierno Ejecutivo y Legislativo de la Isla. Nos toca cuestionar las razones por las que, para manejar el tema de la deuda en cuestión, se manipula y se hace chantaje con paralizar el transporte público (del que dependen 75.000 personas). Al mismo tiempo debemos estar movilizándonos en pos de una conquista de los derechos ciudadanos. Debemos asumirnos como ciudadanos y ciudadanas, como responsables a la hora de rescatar esos derechos que nos harán integrarnos e identificarnos, y que nos llevarán a fortalecer la conciencia colectiva que trabajará por la mejora de la calidad de vida urbana del hoy y el mañana.